El Supremo demanda a la Administración que las tasaciones inmobiliarias se hagan de manera individual y presencial

El Tribunal alerta de la “evidente indefensión” que se puede producir si se recurre a valoraciones genéricas utilizando el costo de mercado o bien el valor catastral. El Tribunal Supremo ha vuelto a demandar a la Administración que las tasaciones inmobiliarias se hagan a partir de informes periciales personalizados y presenciales para ajustarse al valor real y evitar así que los ciudadanos se enfrenten a una “evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos”.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo se ha pronunciado así en una sentencia que soluciona el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto por Gemma T.P. contra dos pronunciamientos contradictorios relativos al Impuesto de Sucesiones que se le reclamaba tras heredar unos bienes raíces. Específicamente, el alto tribunal anula las sentencias de veintisiete de enero de 2014 dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y de 25 de marzo de 2010 del Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía, anulando la liquidación de 42.338,46 euros por el Impuesto de Sucesiones. La Oficina Liquidadora de Ronda (Málaga) demandaba a Gemma T.P. que pagara este importe tras el fallecimiento en dos mil uno de su tía Rafaela y, poco después, de su otra tía María. Las dos hermanas dejaron en herencia a su sobrina dos locales y 2 viviendas. El Supremo observa la contradicción de las resoluciones judiciales sin que se argumente “nada sobre el cambio de criterio” y recuerda las “numerosísimas sentencias” de la Sala de lo Contencioso-Administrativo en lo relativo a las tasaciones inmobiliarias.

“No caben las valoraciones generalizadas, sino que han de determinarse las circunstancias físicas y jurídicas que individualmente concurren en el objeto de comprobación”, recuerda la Sala mencionando a otra sentencia de veintiseis de noviembre de dos mil quince.

En este sentido, agrega que “obligar al contribuyente a acudir a la referida tasación pericial, de costoso e dudoso resultado, para discutir la comprobación de valores cuando ni tan siquiera conocen las razones de la valoración propuesta por la Hacienda pondría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración”.

“No es ocioso rememorar que no se trata de tener una idea del valor de un inmueble, sino más bien de determinar su valor cierto”, precisa el Supremo, que demanda una valoración de los peritos que “en la mayor parte de las ocasiones forzará a una inspección personal del bien a comprobar”.

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